El Antirradar, 25 de enero de 2012.
Dvuelta, entidad dedicada a la defensa de los conductores, quiere recordar al Gobierno sus compromisos en materia de Tráfico. El más importante de ellos es la eliminación de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, de reforma de la Ley de Seguridad Vial, que se aprobó con el voto en contra del Grupo Popular, siendo la primera vez en la historia que una Ley sobre Tráfico era aprobada sin el consenso de todas las fuerzas políticas.
La Ley, conocida como “multa express” recoge severos recortes en las garantías y derechos de los conductores y es, en opinión del PP, un texto “que viene a equiparar las sanciones administrativas en materia de tráfico con los impuestos y con las tasas”. Así lo afirmó en Sede Parlamentaria el Portavoz en la Comisión de Seguridad Vial, Federico Souvirón quien, como consta en el Diario de Sesiones del 29 de octubre de 2009, afirmó que es una ley “que debemos incluir en el listado de adherencias indeseables al Estado de derecho que se están produciendo en estos años, y que sin ninguna duda habremos de eliminar cuando el Gobierno sea Popular”.
El propio presidente de la Comisión, Emilio Olabarría, en la misma sesión, afirmó que la Ley es un “regodeo del derecho punitivo […], aunque hay aspectos que no voy a decir que sean inconstitucionales -no me atrevería a hacer una manifestación de esta naturaleza, entre otras cosas porque esto es una atribución del Tribunal Constitucional-, pero rayan en los umbrales que consideran el Tribunal Constitucional y su jurisprudencia peligrosos con relación a la aplicación del derecho punitivo.”
A día de hoy, y al contrario de lo asegurado entonces por el Gobierno del PSOE, la Ley (que en ningún aspecto de su articulado menciona el término “Seguridad Vial”) ha servido para multiplicar la eficacia recaudadora de las administraciones, al reducirse los plazos para recurrir, abreviar el procedimiento sancionador (eliminando posibilidades de defensa, como la sustitución del recurso de reposición por el recurso de alzada) y aumentando el plazo de prescripción de las sanciones de uno a cuatro años, hasta equipararlo con determinados delitos de agresión sexual.
Igualmente, la Ley se preocupa de que la multa sea pagada por alguien sin importar quién sea el autor de la infracción, y modifica el sistema de notificaciones de modo que las multas puedan ser cobradas incluso si se ignora la comisión de la infracción lo que, andando el tiempo, ha dado lugar a que miles de conductores estén conduciendo, sin saberlo, habiendo agotado su saldo de puntos, lo que pone en grave riesgo la seguridad en el Tráfico.
Ley reforma de la LSV contó con la implicación directa y personal de Pere Navarro, quien pretendía (y consiguió) con esta Ley una eficacia recaudatoria por multas similar a la de Hacienda o la Seguridad Social.
Límites de velocidad.
Igualmente, el Partido Popular se comprometió, si se atiende a la Proposición No de Ley aprobada por unanimidad en el mes de junio de 2010, a revisar “por obsoletos” los actuales límites de velocidad. El entonces Portavoz del PP en la Comisión de Interior, que defendió la PNL, Ignacio Cosidó, afirmó que “existe un margen para aumentar el límite máximo en las autopistas haciendo un mayor uso de las limitaciones temporales en función de las circunstancias de tráfico”.
En este sentido, bastaría con el Gobierno adoptase el mandato de tal Proposición No de Ley para realizar un exhaustivo examen de los límites de velocidad en nuestras carreteras para adaptarlas tanto a la naturaleza de las vías como a la muy superior seguridad de los vehículos.
Por último, Dvuelta recuerda el compromiso del Partido Popular, expresado en su programa electoral de incorporar de una vez por todas la educación vial en los programas de enseñanza primaria y secundaria. |